"No nos engañemos: cuando hay un juez que ordena un allanamiento a un sauna, whiskería, casa de masajes o como queramos llamarlos, diez minutos antes desapareció todo", dijo la magistrada.
"Eso quiere decir que hay alguien que avisa y alguien que está conectado, y a mí no me cabe la menor duda que esto hay que buscarlo entre las fuerzas de seguridad", aseveró en declaraciones radiales.
Argibay reclamó que las fuerzas de seguridad y la Oficina de Migraciones empiecen a involucrarse en forma orgánica en la lucha contra la trata de personas, delito al que calificó de "grave, muy serio".
Asimismo, destacó la firma de un acuerdo con la Procuración General de la Nación para que los fiscales trabajen en la lucha contra la trata de personas y también la capacitación a agentes de la Defensoría General de la Nación en este tema.
No obstante, consideró que "ahora nos faltan las patas del Ejecutivo, que son las fuerzas de seguridad y la Oficina de Migraciones", al advertir que en algunos puestos de frontera "no se controla absolutamente nada".
"Yo no me puedo meter en capacitar a la policía porque es otro poder, no puedo interferir, pero sí puedo tratar de firmar un convenio con el ministerio de Seguridad para ver si ellos adoptan el sistema de capacitación para las fuerzas de seguridad que estamos usando nosotros", precisó.
Argibay reconoció que no sólo gobiernos y policías, sino también jueces, "miran para otro lado" en este tema. "Por supuesto, en todas partes hay de todo, no creo que el Poder Judicial se salve, que sea totalmente impoluto en este tipo de cosas", agregó.
En declaraciones a radio Continental, Argibay insistió en afirmar que "si la sociedad no entiende que pagar por sexo es estar contribuyendo a la prostitución, esto no se puede arreglar".
"Si a la sociedad le parece una cosa normal que haya gente que pague por tener sexo con otra, si eso no se corrige, si la sociedad sigue tomando esto como normal, no hay nadie, ni gobierno, ni jueces, ni leyes, ni cárceles, ni nada que pueda revertir (la trata de personas)", aseguró.
La magistrada reiteró que la sociedad civil también debe tomar conciencia que la trata de personas "es un problema grave, muy serio".
"Cada vez se llevan más chicos, no solamente mujeres, también varones. Hay una mafia de la pornografía infantil por Internet que es una cosa terrible", subrayó.
La jueza de la Corte hizo estas declaraciones a pocos días de que la presidente Cristina Fernández decretó la prohibición de la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual y anunció la creación de una oficina de monitoreo para prevenir la trata de personas.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la jueza Argibay, firmó un convenio con la Procuración General de la Nación con el objetivo de ponerle fin a la trata de personas y también a "la incitación a la prostitución que esto generalmente conlleva".
En este sentido, la jueza y el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, refrendaron este miércoles el acuerdo que pone en vigencia el Protocolo Unico de Examen para las Víctimas de Agresión Sexual, una iniciativa cuya finalidad es "asegurar el acceso a justicia de las personas en situación de vulnerabilidad".
La magistrada precisó que la dependencia a su cargo mantiene contactos con el ministerio de Seguridad para tratar que el convenio de capacitación de los fiscales se haga "extensivo a las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que ocuparse mayormente de esto".
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